Música, puros y coches clásicos: estos son los clichés más comunes al visitar La Habana, la capital de Cuba. Siguen siendo lugares comunes, pero ahora los visitantes también pueden encontrarse con un panorama diferente: basura acumulada en las calles, incendios forestales y desechos químicos vertidos en zonas residenciales.
Todos estos son síntomas de la peor crisis económica del país en tres décadas, que comenzó durante la pandemia de COVID-19 y ahora se ve agravada por la renovada presión política de Estados Unidos.
Además del embargo estadounidense que se prolongó durante décadas, la nueva administración Trump rápidamente volvió a incluir a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. La designación, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio en los primeros días de la administración, permite severas sanciones: restricciones comerciales, prohibiciones de exportación, congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y acceso limitado a los mercados financieros internacionales.
Esta etiqueta política, aunque dirigida al gobierno cubano, restringe severamente el acceso de toda la isla a la financiación internacional, la tecnología y la colaboración científica. También obstaculiza cualquier intento de una auténtica transición energética y dificulta cada vez más la protección de la rica biodiversidad cubana, una de las más singulares del Caribe.
Sergio Jorge Pastrana, director ejecutivo de la Academia de Ciencias de Cuba, atribuye la “mala gestión de los residuos sólidos en La Habana y otras ciudades” a las políticas del gobierno estadounidense. “El combustible es tan escaso que los servicios ambientales básicos, que antes eran un sello distintivo de los sistemas públicos cubanos, ya no pueden mantenerse”, afirma.

En las calles del país se respira nostalgia por la época de la presidencia de Obama, cuando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos empezaron a normalizarse.
“En aquel entonces, había esperanza”, dice José Méndez, residente de La Habana. “El mayor problema para mí es que, desde que Trump fue elegido, esa esperanza se ha desvanecido. Hubo un atisbo de esperanza con Biden, pero ha hecho muy poco para aliviar la presión sobre nosotros. Ahora no hay perspectivas de mejora económica ni ambiental aquí”.
Una herramienta política con costos ambientales
La lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo es mantenida por el Departamento de Estado de EE. UU. e incluye a gobiernos acusados de apoyar financiera, logística o políticamente a grupos terroristas. Hasta el momento, solo Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán permanecen en ella.
La designación no solo conlleva restricciones comerciales, sino que también impide a empresas extranjeras y organizaciones no gubernamentales operar en el país, por temor a complicaciones legales o daños a su reputación. Aísla aún más a Cuba diplomáticamente y refuerza su estatus de paria en el escenario internacional.
“Esta lista funciona más como una herramienta de influencia geopolítica que como un mecanismo eficaz para frenar el terrorismo”, afirma Carolina Silva Pedroso, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Federal de São Paulo (Brasil). “Debilita a los regímenes que no se alinean con la política estadounidense, a la vez que ignora a aliados involucrados en acciones igualmente cuestionables”.
Cuba fue incluida originalmente en la lista en la década de 1980 por ofrecer asistencia médica y asilo a grupos como las FARC de Colombia y la ETA de España. El país fue eliminado de la lista durante el acercamiento entre Obama y Raúl Castro en 2015.
La presidencia de Barack Obama intentó normalizar las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana aliviando las medidas de bloqueo económico, eliminando a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y permitiendo la cooperación estadounidense en sectores como el turismo y la agronomía, medidas que impulsaron la economía de la isla.
El medio ambiente del país se benefició rápidamente. Entre 2015 y 2021, el gobierno cubano incrementó significativamente su compromiso financiero con la conservación ambiental, de 534 millones de pesos (22,2 millones de dólares) en 2015 a 2.300 millones de pesos en 2021 (95,8 millones de dólares), un aumento de más del 330 %, según la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba.
Durante este período, la mayor inversión de Cuba en la conservación del medio ambiente produjo varios resultados tangibles sobre el terreno, entre ellos el lanzamiento de programas de restauración de humedales costeros, la promoción de la agricultura orgánica y sostenible y la implementación de estrategias nacionales para adaptarse al cambio climático.
Pero Trump reincorporó a Cuba a la lista de países terroristas en su primer mandato, lo que provocó protestas formales del gobierno cubano.
El gobierno del presidente Joe Biden volvió a eliminar a Cuba de la lista en las últimas horas antes de dejar el cargo. Sin embargo, Trump revirtió esa decisión, convirtiendo la designación en uno de los primeros actos simbólicos de su segunda presidencia.
Triple crisis: economía, energía y ecosistemas
Mientras Cuba lucha con una inflación de tres dígitos, un racionamiento generalizado de alimentos, combustible y servicios públicos y una caída del PIB del 12% desde 2019, sus ecosistemas están colapsando silenciosamente.
En Santa Marta, un pueblo de la provincia de Villa Clara donde miles de turistas acuden a visitar las blancas playas de Cayo Santa María, la tensión entre la supervivencia económica y la conservación del medio ambiente es palpable. Según un informe del gobierno cubano, el turismo no regulado está degradando los arrecifes de coral y los manglares de la zona.
Las arenas, antaño prístinas, y las aguas turquesas ahora coexisten con los desechos y la contaminación. En 2019, Villa Clara recolectó 1,9 millones de metros cúbicos (67 millones de pies cuadrados) de desechos, según la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. Para 2023, los últimos datos disponibles, la cifra se redujo a 911.000 metros cúbicos (32 millones de pies cuadrados), no porque haya menos desechos, sino porque el sistema ya no puede funcionar correctamente.
La falta de recursos para la aplicación de normas ambientales y de infraestructura dificulta contener la deforestación, la caza furtiva y la sobreexplotación de los recursos naturales.
La inversión en protección ambiental ha crecido tan solo un 47 % desde 2021, pero la hiperinflación —estimada en alrededor del 200 % durante el mismo período— ha socavado gravemente estos esfuerzos. Ante el aumento del coste de la vida, los lugareños recurren cada vez más a las áreas protegidas para obtener ingresos, guiando a los turistas por ecosistemas frágiles y cazando durante las temporadas restringidas.
La biodiversidad de Cuba abarca más de 35.000 especies, con más del 42 % de endemismo, según datos gubernamentales, una concentración asombrosa para una isla de su tamaño. Según el Instituto de Ecología y Sistemática de Cuba y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, numerosas especies endémicas enfrentan amenazas crecientes. Entre la flora nativa de la isla, 772 especies se encuentran en peligro crítico de extinción, 512 en peligro de extinción y 396 clasificadas como vulnerables.
Cabe destacar que el zunzuncito ( Mellisuga helenae ), el ave más pequeña del mundo, se encuentra amenazado por la pérdida de hábitat, mientras que el almiquí ( Solenodonte cubanus ), un raro mamífero nocturno endémico de Cuba, se encuentra en peligro crítico de extinción y continúa siendo objeto de estudio por parte del IES. Ambas especies son particularmente sensibles a la alteración del hábitat y a la invasión humana.
Aunque el gobierno no lo admite abiertamente, los lugareños me dijeron que la deforestación ha aumentado a medida que las familias cortan árboles para obtener leña para escapar de los frecuentes apagones de Cuba.
Los incendios forestales, el 95% de los cuales fueron causados por la actividad humana, también aumentaron un 97% el año pasado, con pérdidas económicas estimadas en 338 millones de pesos (unos 14 millones de dólares), según el Ministerio de Agricultura. En Villa Clara, la plantación de árboles se redujo de 1220 acres en 2019 a tan solo 444 acres en 2023.
“Conozco a mucha gente que tala bosques solo para poder cocinar o empezar a sembrar algo”, dice Héctor Muñiz, residente de Santa Clara. “La pesca ilegal y el vertido de desechos… también están aumentando. Mucho de lo que vemos es simplemente resultado de… la economía”.

Más allá de la biodiversidad, Cuba también enfrenta dificultades para financiar su transición hacia las energías renovables. La anticuada red eléctrica del país depende en gran medida de centrales termoeléctricas alimentadas con petróleo, que frecuentemente se encuentran fuera de servicio por falta de combustible.
“La meta de Cuba es generar el 24% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030”, afirma Bernardo Pericás, investigador y autor de varios libros sobre política y economía cubanas.
Pero el progreso es lento. El embargo estadounidense y la designación de Estado como país terrorista hacen casi imposible la financiación internacional. La cantidad de energía generada a partir de renovables se redujo de 1,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo a tan solo 624.000 en cinco años, y de alrededor de 15.100 millones de kWh a 7,2 millones de kWh. El número de paneles solares instalados aumentó solo ligeramente: de 4.000 al año a 6.000 en el mismo período, según datos de la ONEI.
“Paradójicamente, para que Cuba sea más autónoma y menos dependiente de sistemas externos, aún necesita inversión extranjera”, explica Pedroso. “Las restricciones actuales lo imposibilitan”.
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